El Consejo de Ministros analiza la futura ley sobre calidad agroalimentaria

El Consejo de Ministros ha analizado hoy el anteproyecto de Ley de la calidad agroalimentaria, que regulará la calidad agroalimentaria, tanto comercial como diferenciada, así como su control e inspección, según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha informado al Consejo de Ministros del anteproyecto de esta Ley, cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, a través de la promoción de un código de buenas prácticas comerciales y la actualización de las normas sobre interprofesionales agrarias y contratos-tipo agroalimentarios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado que con esta Ley se mejorará el funcionamiento de la cadena agroalimentaria, se favorecerá la competitividad, y se dará respuestas a las exigencias de calidad que demandan los consumidores.

De la Vega ha señalado que el sector agroalimentario español es uno de los más importantes de la economía, con una aportación del 20 por ciento al Producto Interior Bruto (PIB).

Con este texto se quiere regular la titularidad, uso y gestión, así como la protección de las figuras de la calidad diferenciada vinculadas a un origen y en el que el ámbito territorial se extiende a más de una Comunidad Autónoma, así como actualizar el modelo jurídico para su gestión y control.

En cuanto a los consumidores, según el MARM, se pretende aportar la información necesaria sobre el modelo de calidad agroalimentaria para que dispongan de una verdadera oportunidad de elección e información que figure en el etiquetado de los productos alimentarios.

Asimismo, también persigue favorecer la competitividad de las empresas mediante la simplificación y la evaluación de impacto, como herramientas que deben utilizarse para reducir costes innecesarios y cargas administrativas.

El Ministerio ha precisado que esta norma se refiere únicamente a la vertiente económica, por lo que queda excluida la regulación de cualquier aspecto relativo a la seguridad alimentaria, cuya competencia es de las autoridades sanitarias.

Según ha subrayado, en España son numerosos los productos agroalimentarios calificados como Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), entre los que se encuentran vinos, bebidas espirituosas, quesos, carnes frescas, pescados y moluscos, aceites y grasas, frutas y verduras, pastelería y productos de panadería o cerveza y otras bebidas.

En la actualidad, ya hay más de 300 denominaciones reconocidas o en fase de reconocimiento.

Fuente: Efeagro